Secope: el uso abusivo del poder ¿y la CEDH? – COMUNIK2 EN VIVO

POR IVÁN SOTO HERNÁNDEZ

Karla Ramírez da su testimonio a En Vivo Durango

Luego de dos semanas de evidenciar tantos casos de despidos, acoso y abusos de poder en dependencias gubernamentales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDH) debería demostrar que no está de adorno.

Si bien es cierto, Marco Antonio Güereca Díaz llegó hace casi un año a Presidir la CEDH, en buena medida, por su relación de cercanía con el actual Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, más que por llevar una trayectoria en la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, debería asumir una actitud más institucional.

Ambos hicieron dupla profesional y política de 1998 a 2001, cuando Aispuro era diputado Presidente de la Gran Comisión, y Güereca Oficial Mayor del Congreso del Estado. Era, pues, el brazo derecho del actual Mandatario en su quehacer legislativo.

Y nada malo tiene que haya existido esa subordinación entre el gobernante y quien preside la Comisión de Derechos Humanos. De alguna manera es algo que en los estados sigue ocurriendo, pues el Ombusdman local casi siempre es impulsado por el titular del Poder Ejecutivo y avalado por el Legislativo.

Sin embargo, es importante que sepan separar su amistad y cercanía, con el tipo de instituciones que representan cada uno, ya que la sociedad requiere organismos protectores de los derechos humanos con cierta independencia, margen y fuerza para actuar.

¿Qué está sucediendo en estos momentos en varias dependencias gubernamentales en las relaciones laborales con su personal?

Aquí hago un pequeño resumen solo de los casos ocurridos en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, por si el personal y Presidente de la CEDH no se ha dado cuenta de los tuits, las transmisiones en vivo y las video-denuncias presentadas por un servidor y por En Vivo Durango en redes sociales:

Han estado despidiendo personal de diversas áreas, desde choferes, administrativos o arquitectos, con antigüedad laboral desde 8, 12 o 25 años. Lo cual efectivamente es materia de un tribunal laboral y no de la CEDH, pero hay más detalles de fondo.

Hay dos casos que particularmente deberían llamar la atención de la instancia Ombusdman: a Karla Ramírez Rentería y Ma. Esther Sarabia Reyes las despidieron en octubre del año 2016, por parte de la Directora Administrativa de Secope, Norma Patricia Castruita Morales.

Ellas demandaron laboralmente el despido injustificado y ganaron el laudo final hace cinco meses. Entonces, ya por la orden de un juez federal fueron reinstaladas pero las pusieron en una silla y una diminuta mesa contra la pared, prácticamente sin hacer nada, sin equipo de cómputo ni herramientas para trabajar.

Como es lógico que a Castruita Morales no le interesa tenerlas ahí, más aún por haber demandado y ganado un juicio que entre ambas le costó al Estado más de medio millón de pesos, ahora la presión subió de nivel.

El 12 de septiembre de 2018 la misma funcionaria que las despidió en octubre de 2016, les envía una carta oficial que parece más un telegrama. En ella, sin fundar ni motivar jurídicamente la decisión, simplemente les notifica que se deberán presentar en las oficinas de Secope en Gómez Palacio a partir del 17 de septiembre.

Cinco días para reorganizar su vida. Cinco días para buscar dónde y cómo vivir en una ciudad que desconocen. Cinco días para que cambien de escuela y de hábitos diarios a sus hijos. Cinco días para asimilar si vale la pena seguir luchando o mejor rendirse y renunciar al empleo.

Decidieron quedarse. Como medida de protección acudieron a la figura del amparo de la ley federal, además de presentar una queja ciudadana en la Secretaría de la Contraloría del Estado, así como una queja para solicitar la intervención de la CEDH.

El martes 17 de septiembre del año en curso decidieron reportarse a su horario y lugar habitual de trabajo, por supuesto, en las oficinas de Secope en la ciudad de Durango, y se toparon con el hecho de que el checador digital ya no las reconoce, que son las apostadas de la oficina por temor a represalias, y además sus dos sillas y sus diminutas mesas de trabajo fueron ocupadas como bodega de expedientes e insumos de oficina.

La tensión ha subido de nivel. Al parecer la Dirección Administrativa de Secope se ha tomado personal este asunto, como una rivalidad a su poder y a sus influencias en el Gobierno.

Mientras tanto, una extraña coincidencia ocurre en el domicilio de Karla Ramírez Rentería, quien atiende desde hace tiempo una averiguación previa por el delito de daños, a raíz de un añejo accidente de tránsito en el que resultó el fallo en su contra.

El viernes 21 de septiembre a las 19 horas Karla recibió a entre 12 y 15 personas, a su juicio elementos policiacos de la Fiscalía General del Estado, unos uniformados y otros vestidos de civiles, quienes acudieron a la práctica de una supuesta diligencia para llevarse su vehículo a raíz de dicha averiguación.

— “¡Qué hago, están aquí y no sé qué hacer! Solo me entregan una hoja pero no tiene sellos, ni firmas, ni nada por el estilo. ¿Es legal que esto suceda? ¿A quién le hablo para frenar esta injusticia?”, me dijo por teléfono mientras estaba viviendo otro aparente acto de presión e intimidación.

—“Hazlo público”, le dije. No se me ocurrió otra cosa pues hay mucha coincidencia entre los episodios de acoso y abuso de poder que vive en su entorno laboral, y lo que ahora padece al tener todo el peso de una corporación policiaca encima.

Lo preocupante es que estas historias de abuso de poder y excesos de quienes hoy ostentan espacios en el Gobierno proliferan. Tenemos documentadas otras en el IDEA, en el Cobaed, Telebachillerato, Telesecundaria, SAGDR, COESVI, DIF Estatal, Protección Civil Municipal y muchas otras áreas.

¿Pues dónde vive el Presidente de la CEDH, Marco Antonio Güereca Díaz? Anímese a echar un vistazo, licenciado. Seguramente encontrará más casos como éste, donde lo laboral ya pasó a ser un tema de violación de derechos humanos.

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